A juicio 13 exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con paramilitares
La empresa habría direccionado dinero al financiamiento del frente Arlex Hurtado de las AUC.
La Fiscalía dictó este viernes resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado en contra de 8 colombianos y 5 extranjeros, en el denominado caso de Chiquita Brands.
Los acusados son Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, Álvaro Acevedo González, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero y Jorge Alberto Cadavid Marín.
Los ciudadanos extranjeros, en calidad de posibles autores responsables del delito de concierto para delinquir agravado, son Dorn Robert Wenninger (Estados Unidos), John Paul Olivo (Estados Unidos), Charles Dennis Keiser (Estados Unidos)1 José Luis Valverde Ramírez (Costa Rica) y Fuad Alberto Giacoman Hasbún (Honduras).
"En la misma decisión se ordenó precluir la investigación adelantada contra Gloria Andrea Cuervo Torres por el delito de concierto para delinquir agravado", precisa la Fiscalía en un comunicado de prensa.
El ente acusador estableció que la conducta de concierto para delinquir agravado investigada es delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible.
El caso
Con ocasión de la reciente decisión de la Corte Constitucional, según la cual corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado por terceros, particularmente los financiadores, la Fiscalía ha dado impulso a esta línea de investigación y en el día de hoy logró avances en el denominado caso de Chiquita Brands.
Los investigadores recaudaron material probatorio sobre los dineros que habría direccionado la empresa Chiquita Brands a través de su filial Banadex y Banacol, para el presunto financiamiento del frente Arlex Hurtado al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, quien tenía su actividad delincuencial en las zonas de Urabá y Santa Marta.
Las pruebas aportadas demostrarían la participación de directivos y algunos empleados de estas sociedades, ya sea por la toma de decisión, intervención y/o participación en la promoción y financiación del grupo ilegal. La Fiscal de conocimiento estableció que algunos de los dineros eran entregados directamente y consignados a las cuentas bancarias de una organización creada para apoyar las estructuras armadas ilegales de las autodefensas (AUC).